En un episodio que ha generado controversia en el ámbito educativo, la diputada provincial Mabel Batallanos (UCR) fue denunciada por amenazar a una docente del Colegio Nacional N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, tras un altercado ocurrido el pasado 4 de septiembre.

A pesar de la gravedad del hecho, la denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Acusación fue desestimada por "atipicidad", lo que implica que el comportamiento de la legisladora no constituye un delito según el Código Penal.

El incidente comenzó cuando la docente Marta Sayago, profesora de Sociología y Filosofía, citó a la madre de un alumno debido a sus reiteradas inasistencias. La sorpresa llegó cuando, en lugar de la madre, se presentó la diputada Batallanos, quien se identificó como madrina del joven y exigió hablar en su representación.

Ante la negativa de Sayago a discutir el tema sin la presencia de directivos, la legisladora radical respondió de manera violenta, levantando la voz y afirmando su autoridad como representante de la Comisión de Educación.

"Me gritaba que iba a hablar con ella, que era diputada y elegida por el pueblo", relató Sayago. "Intentó imponer su autoridad como funcionaria pública para interferir en un tema estrictamente académico".

Durante el altercado, Batallanos incluso mencionó que se comunicaría con un alto funcionario del Ministerio de Educación para intervenir en el caso, lo que fue interpretado por la docente como un claro intento de "chapear" o abusar de su influencia.

El conflicto culminó con Sayago descompensada, necesitando asistencia médica debido a la alta presión que le generó la confrontación. A pesar de que la denuncia fue formalizada al día siguiente con el respaldo de directivos del colegio, el caso fue archivado tres meses después, lo que ha dejado a la docente y a la comunidad educativa en estado de indignación.

Este no es el primer incidente en el que Batallanos se ve involucrada. Semanas atrás, la legisladora envió mensajes intimidatorios a un periodista que había publicado un balance sobre su escasa actividad legislativa.

 Los recurrentes actos de violencia e intimidación han generado preocupación por el uso indebido de poder en situaciones que deberían resolverse por vías institucionales y no a través de amenazas.

Sayago, con 30 años de trayectoria en la docencia, expresó su deseo de que se erradiquen estos episodios de violencia y abuso de autoridad en las escuelas, y que al menos se emitan disculpas formales por lo ocurrido.

 “Mi compromiso es con los estudiantes y mi trabajo docente está acreditado. Esto no puede seguir así”, concluyó.

Se espera que la docente solicite una revisión de la causa en los próximos días, mientras la comunidad educativa observa de cerca el desenlace de este caso que pone de manifiesto los desafíos a los que se enfrentan los docentes frente a la creciente violencia en las instituciones educativas.